La Justicia en Jujuy


El gobernador Gerardo Morales demonizó los movimientos sociales y encolumnó al Poder Judicial de la provincia en su política discriminatoria.

En el siglo XXI hablamos de “lawfare”, es decir, del manejo de la política a través de jueces inducidos por las corporaciones transnacionales y financieras para castigar, en los estrados judiciales, a los referentes de las democracias sociales o los populismos de izquierda en América Latina.

Pero en el siglo XIX y antes, eso no existía en Jujuy, porque toda la justicia estaba en manos de los blancos y en menor medida, en los mestizos colonizados. El conocimiento y ejercicio de los derechos del hombre, nacidos de la revolución francesa, era limitado al entramado de una clase, color de piel y poco más. El resto, la mayoría de la población, no tenía cabal conciencia de esos derechos y su existencia y su pertenencia era limitada a las condiciones de posibilidad de cada tiempo y lugar.  

Recién en el siglo XX aparecieron los derechos sociales (con las revoluciones de México y Rusia y aquí en la Argentina con Irigoyen y Perón) y luego los derechos humanos (después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto) los que, con la irrupción masiva de la educación, de las comunicaciones, de los avances científico-tecnológicos y el crecimiento de las clases medias, se hicieron carne en el mundo y despertaron la posibilidad de acceder y exigir el cumplimiento de ellos. Pero el reconocimiento judicial hacia tales derechos avanzó muy poco y nada en relación a los otros factores. 

El abogado Rodolfo Peláez, en su blog Afinando las palabras, dice que existe una creencia dominante heredada del siglo XVII, con Juan Jacobo Rousseau, quien afirma que los hombres son buenos por naturaleza, que los niños son inocentes y que no hay maldad intrínseca sino aprendida “en ciertos institutos sociales”, y que eso fue sostenido por los fundadores del libre mercado cuando reclaman el poder comerciar con absoluta libertad. En otras palabras, aparte de que el liberalismo, naturalmente, tendería hacia el bien, agrega que con ese sustrato de creencias, esperamos encontrarnos con jueces probos como si eso “fuera lo lógico, lo natural”.

Insiste Peláez en que todos apostamos a ser buena gente, aunque sepamos por experiencia que “podemos ser buenos hijos de puta”. Es así que todos creemos en la primacía del bien y la justicia, lo que no está mal, pero en la práctica, la cosa es distinta y en la justicia, ni hablar.

“Los hombres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores”, dijo Perón. Y esto aplicado al Poder Judicial, podría significar “un mayor control democrático y periodicidad acotada de los jueces, y sobre todo de los cargos de la Corte Suprema”. 

Digo esto porque la Justicia de Jujuy, incluida su matriz individual y sus prejuicios (porque era cosa de los señores), no ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Por eso ahora se impone la necesidad de su democratización para evitar la manipulación de cúpulas: no todo lo legal es necesariamente justo.

Además, la elección indirecta de magistrados (no por el voto popular sino por mecanismos de acuerdos y artilugios institucionales), siguen respondiendo estructuralmente a la clase dominante. Y todo ello está teñido por las costumbres y concepciones arcaicas mencionadas que resisten la modificación de ese poder, ahora articulado por la cultura neoliberal, por los medios de comunicación y sus aparatos de propaganda.

Veamos un ejemplo cercano. En Jujuy, en el período democrático y después de la dictadura militar de 1976, se impuso un tibio reconocimiento de la idoneidad técnico-jurídica en el nombramiento de los responsables de la judicatura. Ejemplos fueron los abogados Clemente Wayar y Oscar Galíndez, hombres estudiosos, avalados por severas publicaciones con sapiencia judicial y respetuosos de los principios de independencia, aunque se trataba de personalidades afines al Ejecutivo de ese entonces.

La oposición política también era tenida en cuenta en el nombramiento de los jueces supremos, como por ejemplo el intelectual Héctor Tizon, quién aparte de novelista, fue ministro de Horacio Guzmán y embajador de Frondizi. Posteriormente, el gobernador justicialista, Walter Barrionuevo, avaló el acceso a la Corte de la diputada radical Clara Langhe de Falcone como parte de una negociación política.  

Pero este avance relativo de “pseudo democratización” quedó violentamente interrumpido en diciembre de 2015 por el gobernador electo de la UCR, Gerardo Morales. La abrupta modificación del Superior Tribunal de Justicia por parte del mandatario fue la prueba perfecta de una judicatura dependiente: aumentó los cortesanos de cinco a nueve, dos de los cuales fueron diputados radicales en ejercicio quienes se votaron a sí mismos en una sesión Legislativa entre gallos y medianoche.

Estamos hablando de Pablo Baca y Elizabeth Altamirano. El tercero fue Federico Francisco Otaola, exdiputado, excandidato a vicegobernador por el partido de Alem. El cuarto miembro, la jueza Laura Nilda Lamas González, quien si bien tenía experiencia judicial, era reconocida por su afinidad con el flamante gobernador. Con esos nuevos integrantes y la Falcone, Morales se aseguró el control político de ese poder.

Juramentación en 2015 de los nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia en Jujuy (Foto: Cortesía)

Tales retrocesos institucionales fueron inversamente proporcionales al fatigoso avance democrático de las mayorías populares en su camino hacia la democratización de la Justicia, ya que grandes parcelas de la sociedad (otrora invisibilizadas y/o excluidas), exigen reconocimiento, dignidad y respeto. Es decir, solicitan, en estos tiempos, el acompañamiento de una administración de justicia que contemple la defensa de los derechos e intereses de todos y no solo de un sector económica y socialmente privilegiado.

Esto a pesar de que, como hemos visto, la actitud discriminatoria se encuentra instalada y naturalizada en la conciencia de una buena parte de la sociedad, en sus creencias profundas y obviamente en sus jueces. Se sabe muy bien que todos no somos iguales ante los requerimientos judiciales

Como nunca antes, existe la sensación y la evidencia de que la Justicia es una prótesis de la manipulación política en sus facetas más primitivas, ya que la división de poderes se asemeja a una expresión teórica más que a una realidad fáctica. Se advierte, además, una enorme paradoja: las resoluciones y los fallos de la judicatura, incluso los más absurdos, arbitrarios y criticados, son considerados como si fueran justos para una gran mayoría de la población desinformada, manipulada y con poca conciencia histórica.  

El contador Morales, un hábil y pragmático político, cuando se hizo cargo del gobierno provincial con el apoyo de empresarios como Carlos Pedro Blaquier, blindado por su circunstancial mayoría en la legislatura, demonizó a los movimientos sociales, encolumnó al poder judicial en su política discriminatoria y aprovechando esa poca conciencia y desinformación del pueblo, comenzó a aplicar una arcaica forma de ejercer el poder, teñido por una hipotética democracia, con persecuciones, detenciones, allanamientos y juicios arbitrarios por doquier a sectores otrora invisibilizados, de piel oscura, tal cual un “remake” perfeccionado de 1955.

Instaló una suerte de “unicato institucional” que hizo recordar el histórico temor del radicalismo a la expresión callejera de los colectivos sociales rebeldes de la negritud, como la Tupac Amaru, a los que respondió con duras medidas de represión y cárcel que analizaremos en otra oportunidad.


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